Uno de los cambios más esperados se refiere a la gestión de los animales incautados: podrán ser confiados permanentemente a asociaciones o particulares, impidiendo así que regresen con sus maltratadores y reduciendo el tiempo que pasan en perreras o refugios judiciales.
A pesar de la aprobación general con la que fue recibida, la Ley Brambilla también ha suscitado críticas, en particular por:
La exclusión de la fauna silvestre, que permanece fuera del alcance de la ley.
El enfoque predominantemente represivo, carente de herramientas de prevención y campañas educativas estructuradas.
Un sistema de justicia más sólido para los más vulnerables.
«Tras años de lucha, hoy el poder judicial contará con herramientas más eficaces para castigar los delitos graves, a menudo las primeras señales de violencia, incluso contra las personas», declaró Brambilla. El diputado subraya que los delitos contra los animales siguen siendo perseguibles de oficio e insta a la ciudadanía a no mirar hacia otro lado.
